El nombre de Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco” o “El 81”, volvió a colocarse en el centro de la agenda nacional luego de los operativos desplegados por fuerzas federales en el sur de Sinaloa, una región que desde hace meses permanece marcada por enfrentamientos, desplazamientos, desapariciones y presencia de células armadas.
De acuerdo con reportes de seguridad citados por medios nacionales, “El Casco” es señalado como presunto jefe de plaza de Los Chapitos en los municipios de Concordia y El Rosario, donde habría heredado parte del control criminal que durante años ejerció el clan de los hermanos Martínez Larios.
Su nombre no apareció por primera vez con los operativos del fin de semana. Desde enero, autoridades federales lo tenían identificado dentro de la estructura que opera en la zona serrana de Concordia, tras la desaparición de trabajadores vinculados a empresas mineras. Sin embargo, la movilización reciente de la Secretaría de Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana elevó su perfil público y lo convirtió en uno de los objetivos más visibles de la estrategia federal en Sinaloa.
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El operativo más reciente se extendió por comunidades del sur del estado después de una agresión contra personal naval en San Marcos, Mazatlán, donde un marino murió y tres más resultaron heridos. El Gabinete de Seguridad informó que los elementos realizaban labores de monitoreo en ríos y presas cuando fueron atacados con artefactos explosivos improvisados. Como parte del reforzamiento posterior, fuerzas federales repelieron otra agresión en El Rosario, con saldo de 10 agresores muertos, tres detenidos y aseguramiento de armas, municiones y equipo táctico.
Aunque el comunicado oficial no mencionó directamente a “El Casco”, reportes periodísticos señalan que la movilización tenía como trasfondo su búsqueda y captura. Hasta ahora, las autoridades no han informado que el presunto operador criminal haya sido detenido.
Óscar Luciano Martínez Larios es identificado como integrante de una familia ligada desde hace años a la estructura de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa vinculada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según información difundida por medios nacionales, nació en Guadalajara, Jalisco, aunque su familia se asentó en el sur de Sinaloa, particularmente en la zona de El Rosario.
El clan Martínez Larios ha sido mencionado en reportes de seguridad por su presencia en municipios como Mazatlán, Concordia, El Rosario y Escuinapa. Entre sus integrantes están Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias “El Gabito” o “El 80”, detenido en junio de 2026; Eduardo Jonathan Martínez Larios, “El Owen”, quien permanece preso; y José Luis Martínez Larios, “El Monstruo” o “El 51”, asesinado en Mazatlán en 2015.
Con la muerte, detención o encarcelamiento de sus hermanos, “El Casco” habría quedado como el último operador libre de esa estructura familiar. Por ello, su captura tendría un significado mayor para las fuerzas federales: no solo representaría la detención de un jefe de plaza, sino el posible desmantelamiento de una red que durante años sostuvo presencia criminal en el sur de Sinaloa.
La zona atribuida a su operación tiene un valor estratégico. Concordia y El Rosario conectan comunidades serranas, caminos rurales, rutas hacia Durango y corredores que permiten movilidad entre la sierra y la costa. En ese territorio confluyen actividades legales, como la minería y la agricultura, con disputas del crimen organizado por caminos, cobros, refugios y control territorial.
Uno de los episodios que colocó a “El Casco” bajo mayor presión fue la desaparición de trabajadores mineros en Concordia, ocurrida en enero de 2026. Reportes periodísticos señalan que un grupo armado irrumpió en instalaciones vinculadas a la empresa canadiense Vizsla Silver y privó de la libertad a trabajadores. El caso provocó un despliegue federal y puso bajo revisión la presencia de grupos criminales en zonas donde operan empresas extractivas.
Desde entonces, autoridades federales identificaron la presencia de una célula de Los Chapitos en la región. En una conferencia matutina de enero, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que en esa área operaba una célula de esa facción y que uno de sus líderes estaba identificado y era buscado.
El caso de los trabajadores mineros también exhibió otro rasgo de la violencia en Concordia: el control criminal no se limita a enfrentamientos armados. En la zona se han documentado desplazamientos de familias, ataques, desapariciones, fosas clandestinas y presuntas extorsiones contra actividades económicas. En ese contexto, la figura de “El Casco” aparece asociada a una estructura que no solo disputa rutas, sino también la vida cotidiana de comunidades rurales.
Los recientes ataques con explosivos improvisados contra fuerzas federales agravan el escenario. El uso de estos artefactos refleja un aumento en la capacidad de daño de las células armadas y plantea mayores riesgos para militares, policías y población civil. En Sinaloa, la presencia de explosivos artesanales ya había sido documentada en otros decomisos y enfrentamientos, particularmente en zonas serranas donde los grupos criminales buscan frenar el avance de las autoridades.
La búsqueda de “El Casco” ocurre además en medio de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, conflicto que se intensificó tras la caída de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos. Desde entonces, Sinaloa ha vivido una nueva etapa de violencia marcada por ataques armados, homicidios, desapariciones, bloqueos, operativos federales y desplazamientos en municipios del centro y sur del estado.
En este mapa criminal, Concordia y El Rosario se han vuelto puntos sensibles. La sierra permite esconder campamentos, mover armas, instalar puntos de vigilancia y controlar pasos rurales. También dificulta los operativos, pues las fuerzas federales deben avanzar en zonas amplias, de difícil acceso y con presencia de civiles armados que conocen el terreno.
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Por eso, la captura de “El Casco” es vista como una pieza clave para reducir la capacidad operativa de Los Chapitos en el sur de Sinaloa. Sin embargo, especialistas en seguridad han advertido en otros casos que la detención de un jefe de plaza no siempre implica una disminución inmediata de la violencia. En ocasiones, la caída de un mando abre disputas internas, reacomodos o intentos de otros grupos por ocupar el territorio.
Hasta el momento, Óscar Luciano Martínez Larios permanece prófugo, de acuerdo con los reportes disponibles. Su nombre ya forma parte de la lista de objetivos federales en Sinaloa y su búsqueda mantiene en tensión a municipios donde la presencia militar se ha reforzado.
Más que un apodo dentro de la estructura criminal, “El Casco” representa hoy una de las piezas que explican la violencia reciente en el sur del estado: una red familiar ligada a Los Chapitos, una región estratégica bajo disputa, el uso de armamento de alto poder, ataques con explosivos y una ofensiva federal que aún no logra cerrar su objetivo principal.