Culiacán, Sin.— El gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa concluyó con 4 mil 038 víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que abarcan del último bimestre de 2021 a marzo de 2026.
El balance coloca a su administración entre las de mayor violencia reciente en la entidad y marca su cierre en medio de dos crisis simultáneas: el recrudecimiento de la disputa criminal desde septiembre de 2024 y los señalamientos de autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Rocha Moya asumió la gubernatura para el periodo 2021-2027, pero su mandato se interrumpió el 2 de mayo de 2026, cuando el Congreso local aprobó su licencia por más de 30 días y designó como gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde, por las acusaciones de Estados Unidos en su contra por narcotráfico.
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Las cifras del SESNSP muestran una tendencia al alza durante todo el sexenio. En el último bimestre de 2021 se registraron 86 víctimas; en 2022, 478; en 2023, 531; en 2024, 994; y en 2025 se alcanzó el pico con mil 656 homicidios dolosos. En el primer trimestre de 2026 se sumaron 293 casos adicionales.
El incremento más pronunciado ocurrió entre 2024 y 2025, periodo en el que la violencia se intensificó tras la ruptura entre facciones del Cártel de Sinaloa. En términos anuales, los homicidios se triplicaron al pasar de 478 en 2022 a mil 656 en 2025.
Aunque el corte federal aún no incorpora abril de 2026, la Fiscalía General del Estado reportó 101 homicidios en ese mes. Con ese dato, el saldo total del cierre político del gobierno supera las 4 mil 100 víctimas, aunque la cifra estrictamente comparable a nivel federal se mantiene en 4 mil 038.
CASO ROCHA MOYA - SIGUE LA COBERTURA COMPLETA
2025, año en que repuntó el homicidio doloso en Sinaloa
El deterioro de la seguridad se convirtió en uno de los principales factores de desgaste del gobierno estatal. Desde septiembre de 2024, tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, Sinaloa entró en una fase de violencia sostenida por la confrontación entre grupos ligados a Los Chapitos y la facción de Los Mayos.
Homicidios, desapariciones, enfrentamientos, ataques a corporaciones, robo de vehículos y bloqueos armados transformaron la dinámica de seguridad, especialmente en Culiacán y otros municipios. Ante este escenario, el Gobierno federal incrementó su presencia en la entidad.
Tras la salida de Rocha Moya, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que la federación mantendrá el operativo en Sinaloa. Su visita ocurrió después del nombramiento de la gobernadora interina.
El contexto se agravó además por los señalamientos de autoridades estadounidenses contra el exmandatario y otros funcionarios. Rocha Moya ha rechazado las acusaciones y sostuvo que solicitó licencia para no afectar la legalidad de su gestión.
La administración interina recibe un estado con una crisis de seguridad que rebasa el ámbito local. Los más de 4 mil homicidios acumulados reflejan no solo un repunte coyuntural, sino un deterioro sostenido que se profundizó en la segunda mitad del sexenio.
Hasta la publicación del corte federal de abril, el saldo oficial comparable de la gestión se mantiene en 4 mil 038 víctimas de homicidio doloso, sin incluir desapariciones, feminicidios u otros delitos de alto impacto que también registraron incrementos en el mismo periodo.
Organizaciones advierten efectos de la violencia
Organizaciones civiles y centros de análisis han advertido que la violencia en Sinaloa no solo debe leerse a partir del incremento de homicidios, sino también por sus efectos en la vida cotidiana de la población.
Desde el Consejo Estatal de Seguridad Pública, su coordinador general Ricardo Jenny del Rincón ha señalado que el contexto de inseguridad refleja una incapacidad para contener la violencia y garantizar condiciones mínimas de seguridad. En la misma línea, Norma Sánchez, al frente de Iniciativa Sinaloa, sostuvo que fenómenos como el desplazamiento forzado están vinculados al control territorial del crimen organizado y a la falta de rendición de cuentas.
Agregaron que el desplazamiento forzado ha comenzado a crecer de forma acelerada. El padrón estatal pasó de 3,000 familias desplazadas en 2025 a 3,800 en 2026, mientras que solo entre septiembre de 2024 y marzo de 2025 al menos 810 familias abandonaron 104 comunidades.
El impacto se concentra en municipios como Concordia, Cosalá, Culiacán y San Ignacio, donde zonas serranas presentan comunidades prácticamente vacías y al menos 50 localidades han quedado casi abandonadas. En lugares como El Palmito, en Concordia, la violencia obligó a evacuar por completo a la población, en un patrón que medios locales y diagnósticos independientes asocian con enfrentamientos armados, salidas sin retorno inmediato y la pérdida progresiva de servicios, transporte y actividad económica.
En posicionamientos recientes, organizaciones civiles han exigido a las autoridades investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes sobre los señalamientos de posibles vínculos entre funcionarios y el crimen organizado, así como resultados verificables y rendición de cuentas. Además, pidieron fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad y procuración de justicia, garantizar la protección integral a las víctimas.
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