En la colonia Salvador Urbina, como en muchas otras del municipio de Chiapa de Corzo, los “levantones” se volvieron cada vez más frecuentes, al menos durante el sexenio del gobernador morenista Rutilio Escandón, quien mostró incapacidad para contener a dos grupos antagónicos: los cárteles de Sinaloa (CDS) y Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Sin embargo, para los hermanos Luis y Marvin Manga Pérez, ser víctimas de ese delito parecía algo lejano. Ellos mismos aseguraban que eran “limpios” y que no se metían en problemas.
La historia dio un giro radical el 28 de febrero del año pasado, cuando un grupo de hombres armados —algunos vestidos como militares y otros con indumentaria de la Fiscalía, chalecos antibalas y a bordo de camionetas CVR— irrumpió en su domicilio y se los llevó por la fuerza.
Te podría interesar
Liliana Pérez Gutiérrez, madre de los jóvenes, recuerda que los plagiarios advirtieron que contaban con una orden del Ejército Mexicano para llevarse no sólo a Luis y Marvin, sino también a su esposo.
Luis, el mayor —relata en entrevista— se encontraba de vacaciones en Salvador Urbina, pues era soldado activo adscrito al Campo Militar 1 en la Ciudad de México. Marvin, de apenas 16 años, cursaba el bachillerato en el Cobach del ejido Emiliano Zapata.
Le prometieron a madre que le devolverían a sus hijos
“En ese tiempo hubo muchos desaparecidos. (Por eso) les advertía a mis hijos que no salieran por tanta inseguridad, pero ellos me decían: ‘Sólo se llevan a los que están metidos en algo malo’”, puntualiza.
Liliana tenía un mal presentimiento. Diez días antes del plagio de sus hijos, un vecino de Salvador Urbina había corrido la misma suerte.
Tras recibir amenazas de los captores —quienes incluso le advirtieron que trabajaban en coordinación con la Fiscalía y que conocían sus movimientos, desde el uso del teléfono hasta las grabaciones del C5—, Liliana tardó 11 meses en acudir ante el Ministerio Público a presentar una denuncia formal.
Otro factor que la detuvo, cuenta, fue la promesa de esos “soldados” de que le devolverían a sus dos únicos hijos. Pero cuando finalmente se atrevió a denunciar, afirma que personal de la propia Fiscalía “le metía miedo” para disuadirla, lo que la hizo desistir en varias ocasiones.
Aunque ya existe una carpeta de investigación, Liliana vive un calvario: no hay avances en las pesquisas oficiales, a pesar de que los teléfonos celulares de sus hijos siguen activos.
Lo más inquietante, señala, es que tras la desaparición de Luis y Marvin, siete familias de la zona huyeron repentinamente. “Creo que tenían algo que ver con la desaparición de mis hijos. Eso se lo dije a la Fiscalía, pero no pasó nada”.
Critican lentitud de la Fiscalía
Pese a haber aportado pruebas, Liliana denuncia que las autoridades prácticamente quieren dejarle a ella “toda la carga de la investigación”, cuando es una responsabilidad de la Fiscalía.
Ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le brindó respaldo, a pesar de que Luis Manga Pérez formaba parte del Ejército desde al menos un año y medio antes de su desaparición.
“Lo único que me comentaron es que, después de tres días de no presentarse a trabajar, era considerado como desertor, dado de baja”, lamenta. Destaca que nunca buscó una compensación económica, sino simplemente el apoyo institucional para localizarlo.
En el caso de Marvin, la situación fue similar. La escuela en la que estudiaba le dio la espalda y lo dio de baja como alumno, en lugar de brindarle ayuda.
Frente a los obstáculos y a la falta de resultados tras su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Liliana decidió en enero unirse a la colectiva Madres en Resistencia de Chiapas. Con ellas, comenzó a caminar en busca de sus hijos y justicia.
En medio del dolor, ella y su esposo fueron víctimas de un fraude. Lo más extraño, explica, es que quienes los contactaron sabían con lujo de detalle lo ocurrido el 28 de febrero de 2024 en su casa de Salvador Urbina.
Abandonan su hogar tras amenazas
Liliana asegura que recientemente abandonaron su domicilio tras recibir nuevas amenazas, esta vez de un presunto líder narcomenudista de la región, cuya propiedad fue cateada por la Fiscalía. Supuestamente, el sujeto les reclamó que ella “le había puesto dedo”.
Otro temor persiste: el día en que los hombres uniformados —que portaban cámaras en sus cascos— se llevaron a sus hijos, su esposo intentó seguirlos a bordo de un camión de trabajo, pero no logró alcanzarlos.
“Quería rescatar a mis hijos. Quedó traumado, mucho, y se siente culpable porque no pudo rescatar a sus hijos”, cuenta Liliana. Lo más desconcertante, agrega, es que las camionetas pasaron por zonas con presencia de diversas corporaciones, incluida la Guardia Nacional.
Para ella, lo más importante es reencontrarse con Luis y Marvin. Por eso, lanza un llamado: pide a quienes se los llevaron que se los devuelvan, y a quien tenga información, que haga una denuncia anónima.
Asegura que sus hijos eran buenos muchachos
Ellos “eran unos jóvenes muy sociables, tenían muchas amistades, pero después de lo que ocurrió, nadie se acercó… bueno, sólo uno”, afirma Liliana.
A veces, recuerda, Marvin le pedía ayuda para apoyar a otros jóvenes: “Estaba en un equipo de futbol, y si alguien no tenía dinero para el uniforme, él me hablaba, que apoyara, y pues hacía el esfuerzo y cooperaba”.
Luis, por su parte, era un joven acomedido. Cada vez que llegaba a Chiapa de Corzo en vacaciones, se dedicaba a ayudar a vecinos ancianos de la colonia.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE GOOGLE NEWS
“Lo que quiero decir, y así lo creo, es que esto se trató de una desaparición forzada por parte del mismo Estado”.